Ejemplo ilustrativo
Dos amigos que comparten un local firman un documento privado repartiendo gastos, turnos y el destino de los ingresos. Cuando la relación se enfría, uno de ellos sostiene que aquel papel no vale nada porque no lo firmó ningún notario.
El artículo 1255 permite establecer los pactos y condiciones que las partes tengan por conveniente, con tres límites: las leyes, la moral y el orden público. El hecho decisivo no es la forma —un documento privado obliga aunque no sea notarial— sino si alguna cláusula choca con una norma imperativa. Y si una cláusula concreta no vale, el resto del acuerdo puede seguir en pie: la nulidad de una parte no arrastra necesariamente al conjunto.
Acuerdan mantener el reparto de gastos tal como lo firmaron, sustituir la cláusula que impedía a cualquiera de los dos acudir a un tribunal y añadir una revisión anual de las cantidades.